En los últimos dos domingos de octubre 2020, los grandes festejos pertenecen a las mayorías boliviana y chilena. Una pequeña parte de peruanos se alegra por esos triunfos, por supuesto; si volvemos los ojos sobre nuestra realidad, nuestra peruanísma tristeza los nubla y la rabia los enciende porque no tenemos aún nada que se parezca a lo que el pueblo boliviano ya produjo y lo que ahora el pueblo chileno está buscando. En Perú sigue reinando la tesis “salvo una curul, el resto es ilusión”, mal endémico de la clase política que ha contagiado también a los segmentos de izquierda que quedan.
En el plebiscito chileno se preguntó a los electores "¿Quiere usted una Nueva Constitución?". Ganó el “apruebo” con el 78,27% y perdió el “rechazo” con el 21,73%. En la segunda, "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?", los chilenos optaron por una Convención constitucional [Asamblea Constituyente], con el 79.7% de los votos, la que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular, con la novedad de una paridad de hombres y mujeres, notable triunfo de los feminismos y las mujeres en lucha, no feministas ni antifeministas. Perdieron quienes querían una nueva Constitución redactada por un 50% escogido entre los parlamentarios actuales y el 50% por nuevos representantes elegidos después de este plebiscito.
En este artículo ofrezco una primera reacción, pocas horas después de conocer los resultados. Resulta imposible no comparar la cuestión de la Constitución en los casos chileno, boliviano y peruano.
Chile
Es muy grande la importancia de la aplastante victoria del sí a una nueva Constitución porque en más de 200 años de República pomposamente llamada democrática, chilenas y chilenos serán llamados por primera vez en su historia a opinar sobre la constitución que su país necesita. Sus constituciones anteriores fueron todas impuestas; la última, del general Pinochet fue fruto de un golpe militar tramado por los generales y los burgueses chilenos, con el apoyo directo y explícito del gobierno norteamericano a través de su servicio de inteligencia, CIA. El gobierno de Allende fue elegido democráticamente, del mismo modo que el gobierno republicano español, destruido por el general Francisco Franco protegido por los fascistas alemanes e italianos. En ambos casos como en muchísimos otros, los intereses de las clases dominantes y de sus aliados importaron mucho más que la legitimidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Se hartó el pueblo chileno, no se conformó con las decenas de enmiendas de la constitución pinochetista.
El plebiscito fue una conquista de un pueblo que a lo largo de un año fue ganando las calles para exigir el cumplimiento de sus derechos, para plantear nuevos derechos; los carabineros reprimieron con el saber acumulado que tienen para eso; hubo también provocadores infiltrados en las marchas; se presentaron denuncias sobre oficiales de las fuerzas armadas entre los provocadores. Como en el pasado, el saldo de 30 muertos es la prueba de algo muy simple: los derechos se conquistan, no se ruega para conseguirlos, ni se regalan. Hay otra vieja lección casi olvidada; cuando los movimientos sociales se organizan desde abajo, toman las calles y se multiplican, no hay aparato represivo suficiente para vencerlos y los beneficiarios del poder quedan desarmados.
Luego de los primeros resultados, el presidente Sebastián Piñera saludó la victoria de la institucionalidad y unidad chilena, del triunfo de la paz sobre la violencia; voceros de la derecha dijeron que había ganado Chile, que no hubo vencedores y que ganaron todos. Ese discurso es muy antiguo y debe ser oído y leído como el canto de los vencidos, como la aceptación hipócrita de su derrota. ¡Que amorosos!: “todos estamos unidos”. Se trata de una alucinación, la realidad no pasa por ahí. La aplastante victoria del pueblo chileno en las calles cierra una etapa de la constitución de Pinochet y abre un proceso que a lo largo de un año concluirá en una nueva constitución. Será inevitable la lucha en defensa de intereses opuestos: de un lado, los que perdieron y se negaron a aceptar públicamente su derrota, tratarán de recuperar lo más que puedan del poder que acaba de perder; de otro, los que ganaron, buscarán defender sus nuevas demandas reconociéndolas explícitamente en artículos constitucionales. Se mantendrán firmes, negociarán, concederán, conciliarán.
El momento habrá llegado para defender el planeta como primera prioridad para salvarnos como especie homo sapiens, si todavía es posible. Ya no se tratará solo de derechos civiles, políticos y humanos en general, porque con el agotamiento del modelo capitalista y los demoledores efectos de la pandemia ya es visible en plena superficie la enorme desigualdad que estaba escondida y cubierta por el discurso triunfalista de un Chile-país del primer mundo. Ya no tendrá sentido reformar y menos mantener las AFP, mal ejemplo chileno en la región; dura será la batalla para lograr que la salud sea declarada bien público y no un área de lucro privado y se establezca un sistema universal de pensiones. Otra batalla tendrá lugar para reformar la economía y el Estado, así como acabar con el militarismo y el armamentismo, y a ver si son capaces de formular un gesto político serio sobre el litoral que le expropiaron a Bolivia. Esa herida sigue abierta en todo el pueblo boliviano. Habrá llegado el momento de discutir a fondo y reconocer a la nación Mapuche y a los pueblos originarios aymara, atacameño, kawesqar, kolla, quechua, rapanui, yagan, como parte de un estado plurinacional. La hora habría llegado para dejar atrás el inútil discurso de la colonialidad del poder que solo propone “incluir” a esos pueblos en el estado uninacional para que poco a poco se disuelvan y desaparezcan. Se trata de alrededor de 700 mil habitantes, que importan mucho más por sus culturas y saberes que por su relativa pequeñez demográfica, razón por la cual la clase política de todos los colores los ignoran, con algunas excepciones, seguramente.
Bolivia
Luis Arce y David Choquehuanca (Movimiento al Socialismo - MAS) obtuvieron en las elecciones del 25 de octubre 2020, el 55.10% de los votos y Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, el 28.84 de los votos. La victoria fue notable porque el MAS casi duplicó los votos de su adversario más importante y obtuvo también una mayoría en las cámaras de diputados (75 de 130) y senadores (21 de 36). Como en los viejos tiempos, desde 2005 el MAS ganó todas las elecciones. He señalado en dos artículos anteriores* el grave error de Evo Morales de insistir en una nueva reelección prohibida por la constitución, elaborada y aprobada por el propio MAS, rechazada en una consulta popular, e impuesta finalmente por el Tribunal Constitucional. El resultado de ese grave error fue el golpe de Estado de 2019 y la aparición de la senadora Añez como presidenta. A la derecha le hubiera gustado desmontar el estado plurinacional, acabar con la Constitución pero no estaba en condiciones de hacerlo de manera legal, tampoco ilegalmente con un golpe militar de mediana duración.
Le corresponde ahora al nuevo gobierno del MAS afirmar y defender sus muchas conquistas, particularmente la conversión del viejo Estado uninacional de la República en un Estado Plurinacional de Bolivia. Don Fausto Reinaga abrió en 1967 el camino para que los bolivianos tomen conciencia de la existencia de dos Bolivias: una blanca, qara (desnuda) europea, y otra india, derivada de los pueblos originarios y defendida por Tupak y Tomás Katari, compañeros de Tupak Amaru en la revolución nacional indígena de 1780-1782. Surgió así el katarismo, como una especie de inconsciente colectivo de la mayoría de bolivianos. La multiplicación de katarismos para insistir solo en el componente étnico de Bolivia, sin tomar en cuenta el componente de clase, encarnado en la Central Obrera Boliviana (COB), condujo a su desaparición. El MAS produjo la síntesis de esos dos componentes centrales para articular una gran coalición de fuerzas, la que luego de la victoria electoral en primera vuelta de las elecciones de 2005 elaboró y acordó la nueva Constitución, aprobada por casi dos tercios de la población en un plebiscito que entró en vigencia en 2009. Nunca antes en su historia el pueblo boliviano había sido convocado para discutir y aprobar una Constitución.
La constitución vigente no es el regalo de un gobierno sino una conquista del pueblo de Bolivia, en las calles y caminos de todo el país, en luchas sucesivas, con centenares de bolivianos muertos y heridos. Esa constitución trajo una novedad extraordinaria: los rostros de todos los colores de las 14 naciones originarias y de los descendientes directos de la Bolivia blanca se convirtieron en rostros oficiales del país, con su espiritualidad, sus cantos, danzas y polleras. Desapareció “la nación boliviana” y fue sustituida por todas las otras naciones originarias oprimidas, pisadas, ninguneadas, pero realmente existentes a pesar de los cinco siglos de opresión colonial y republicana. Bolivia tiene, en consecuencia, el Estado plurinacional que le hacía falta, que se parece y se confunde con el país y que expresa por lo menos una parte de sus anhelos. Chile tiene ahora su oportunidad.
Perú
Aquí, vivimos en un Estado uninacional que no representa los intereses de los pueblos y de las naciones originarias. La Constitución de 1993 fue impuesta por una dictadura militar al servicio de un agrónomo que se ganaba la vida como profesor de matemáticas: Alberto Fujimori. Veintisiete años después, pasa los últimos inviernos de su vida una cárcel dorada, en el invierno de su vida, condenado a 25 años de prisión por muchos delitos, entre ellos uno de lesa humanidad. No fue él quien pensó la nueva constitución; la responsabilidad hay que cargársela a los funcionarios e ideólogos del capital y sus cómplices militares y burgueses peruanos. En la jerga actual suele llamárseles neoliberales, en caída abierta luego de 40 años en los que convirtieron la sección económica de la Constitución del 93 en un evangelio, indiscutible, casi convertido en una palabra de dios.
Ya se oyen tímidas voces reclamando una nueva constitución, sin precisar el contenido que tendría, ni cómo ganar la coalición política de ancha base que se necesita para cualquiera de los caminos que se encuentre para lograrla. Esas voces vienen de nuestros divididos predios de la izquierda. Sería peor si no tuviéramos esas tímidas voces. Los burgueses beneficiarios de la inmensa desigualdad en el país y sus aliados dueños de la prensa piensan que salvo el respeto al capítulo económico de la Constitución de 1993, el resto es ilusión. Son sacrificados pastores que llevan la buena noticia del capital y sus bondades como el evangelio de los santos de los últimos días. Viven encerrados en esa burbuja y no se dan cuenta del barro de sus pies, barro que la pandemia está ya disolviendo.
Como la política es mundial desde hace varias lunas, también nosotros tendremos esas batallas por una nueva constitución peruana pero hace falta abrir muy bien los ojos, dejar de lado los apetitos individuales por curules, organizarnos desde abajo, ganando las calles y mirando al congreso desde un espejo retrovisor, y librándonos de ese virus que obliga a buscar con desesperación las cámaras de televisión y figurar en territorios del poder pero no de los pueblos.
Las constituciones no cambian la realidad. Unas palabras finales. En el mundo abogadil en que vivimos nos han enseñado una especie de lección muy bien pensada: todo se arregla con leyes. Como la Constitución es ley de leyes o madre de todas, tendremos que cuidarnos y estar vigilantes. En Perú solo nos falta una nueva con un artículo único: “que las leyes ya existentes se cumplan”. “Dada la ley, hecha la trampa”, dice la sabiduría popular. El mal ejemplo de no cumplir las leyes lo dan precisamente quienes las hacen o los que encargados de cumplirlas. No recuerdo a qué lúcido presidente peruano se la atribuye la sabiduría de la frase “Para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley”. Lo que importa es tener en cuenta que ni las constituciones ni las leyes cambian la realidad. Ese cambio se produce por actores políticos interesados en la aplicación efectiva de esas leyes. Si se derogasen algunos miles de las 131 mil y tantas que ya tenemos, los abogados quedarían sin trabajo y ojalá nos acerquemos a Utopía, el reino de ficción creado por Tomás Moro, en el que maravillosamente no hay abogados. El cumplimiento efectivo de la Constitución y las leyes depende del pueblo interesado en que se cumpla, vigilante y movilizado, bloqueando la acción de abogados, fiscales y jueces interesados en que no se cumplan para favorecer los intereses de sus amigos y “hermanitos”.
* Bolivia: lecciones y desafíos después de la victoria del MAS
