Faltan solo 4 días para el 19 de julio. El gobierno y las Fuerzas Armadas que lo sostienen, junto con una recién creada unión de empresarios, los dueños de medios de comunicación, sus periodistas, analistas, y todos sus aliados políticos, están preparando una gran “batalla” en defensa de su democracia y contra los terrucos-comunistas- “ciudadanos del mal”, fijada en lo que llaman con un título falso “la toma de Lima” que tendría lugar el 19 de julio. Los organizadores no llaman a otra toma de Lima, llaman a un Paro nacional, otros, a una movilización nacional para que la señora Dina se vaya, para que los congresistas se vayan ya, para que haya justicia contra los responsables de la muerte de nuestros 69 hermanos, por ¡Ni un muerto más!, por nuevas elecciones ya, por una consulta sobre la necesidad de una nueva constituyente y otras reivindicaciones más.

A ningún grupo político armado que no haya tomado antes las grandes ciudades del país y que no haya aislado a la capital del reino de todo el resto del país, se le ocurriría “tomar Lima”. Lo deberían saber los aprendices de estrategia de las Fuerzas Armadas. Debo suponer que lo saben y si a pesar de eso los jefes insisten en servirse de esa metáfora vacía de todo contenido, es porque les gustaría ganar esa falsa batalla apelando al cuco del miedo, cerrando la ciudad, bloqueando el ingreso de los manifestantes que intenten llegar del sur y del resto del país, e impidiendo las marchas en Lima, cualquiera que sea el costo, con, sin o más muertos.

Primera vez que todas las fuerzas de la derecha, sus clases medias y estratos allegados, sus periodistas y analistas, los congresistas agrupados bajo el denominador común de “fuerzas democráticas”, llaman “a todos los demócratas” como ellos a movilizarse contra el paro del 19 de julio, la “toma de Lima”, reinventada por ellos desde el VRAEM donde se producirían enfrentamientos con muertos y heridos o declaraciones oportunísimas como la de la “camarada Vilma”, pidiendo la “toma de Lima”. Cada que hay un acontecimiento político de primer orden como la reciente posible victoria de Pedro Castillo en 2021, los enfrentamientos sin heridos y las noticias que salen del VRAMEN carecen de testigos, de enviados de la Cruz Roja y de periodistas corresponsales de los medios de comunicación. Se trata solo de la voz oficial del Estado-gobierno con la pretensión de ser verdadera, pero que podría ser falsa y no hay modo de probar una u otra versión, pero que sirve para revivir la vieja memoria del miedo.

Se renueva y trata de fortalecerse la división impuesta desde hace mucho tiempo por las Fuerzas Armadas: de un lado, peruanos demócratas; de otro, comunistas, terrucos, senderistas, enemigos de la democracia; sin medio alguno de conciliación posible. Con los demócratas o contra los demócratas, Caín y Abel, conmigo y sin ti. Se sigue con la profunda convicción de los dos supuestos enemigos poderosos del Perú, los de fuera y los de dentro. No tendríamos nada en común, nada que una a todas las peruanas y peruanos, salvo, tal vez, el acuerdo de pelear juntos contra el enemigo del exterior.

La presidenta Dina Boluarte autorizó el 6 de julio último la entrega de 12.2 millones de soles a las Fuerzas Armadas (al Ejército 4.5 millones; a la Marina 4.5 y a la Fuerza Aérea 2.7 millones), para que “los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia ‘impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas’” (revista Hildebrandt en sus trece, N° 644, 14 julio 2023, p. 4-5). En otras palabras, las Fuerzas Armadas defenderán la economía y el progreso en todo el territorio y la Policía se encargará de controlar a los manifestantes del paro nacional del 19 de julio. Peruanos y peruanas como enemigos de peruanas y de peruanos. Unos quieren el progreso y otros defienden el atraso. Por ese camino se ensancha la división que nos separa.

A través de las redes, las fuerzas de la derecha más recalcitrante, aliada a las iglesias cristianas, pregonan una “cruzada nacional” a través de un video, en el que “la bandera peruana que tiene la p de patria, la p de paz y la p de progreso” será firmada por cada “ciudadano de bien” en todo el Perú y traída a Lima como un juramento para enfrentar a los enemigos del Perú, de la paz y del progreso. No dicen una palabra sobre el paro nacional del 19 de julio convocado por “sus enemigos”, pero se trata de una tarea más para buscar el fracaso de ese paro.

La policía tiene ya controlados los accesos a Lima por el sur, centro y norte, valiéndose de decretos de control de carreteras por razones de emergencia. Por su tarea de los últimos años parece que están cerca del ideal un manifestante = un policía que, lo cuide y proteja de los terrucos-comunistas enemigos de la paz, de la patria y del progreso (capitalista).

La alcaldía de Lima cerró ya la Plaza de Armas, estrena nuevas cámaras de reconocimiento de rostros para saber quiénes son los manifestantes.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cerrará sus puertas para que nadie entre o salga durante el tiempo que dure el paro o se multipliquen las marchas como en diciembre-enero y febrero 2022-2023. No quiere repetir su fallida y ridícula toma de San Marcos. Esa sí fue una toma-ocupación de San Marcos.

Entre tanto, no sabemos qué piensan hacer las comunidades aymaras y quechuas, que ayer fueron sujeto y actor principal y ahora parecen desplazadas por los dirigentes tradicionales de eso que vagamente se llama “movimiento popular”. A ningún periodista se le ocurrió ir a entrevistar a presidentes de comunidades. La gran mayoría son expertos en preguntar a congresistas, ministros y exministros de Defensa y del Interior.

Cinco o seis consideraciones previas, ya escritas sobre los acontecimientos de diciembre, enero y febrero de 2022-2023.

El 7 de febrero escribí en este mismo portal el largo artículo Primera rebelión política en los últimos 200 años de las comunidades quechuas y aymaras en Perú (2022-2023) en el que expuse una interpretación de la que resumo cinco puntos indispensables para tratar de entender este momento político pre-paro.

1. El objetivo central de las marchas en Lima fue buscar la justicia para los responsables del asesinato de hermanos y hermanas en Juliaca, Ayacucho, Andahuaylas, Chalhuanca y Lima.

2. Los sujetos políticos y actores principales fueron las comunidades quechuas y aymaras. Se trata de la primera rebelión abiertamente política de las comunidades quechuas y andinas de nuestra historia después de su participación en la revolución de Túpaq Amaru, Túpaq Katari y Tomás Katari. En la complejidad peruana de hoy, hay dos modos de mirar nuestra sociedad pluricultural. Por un lado, la concepción occidental capitalista, que considera a la sociedad como un conjunto de individuos y nada más. Por el otro, la concepción de los pueblos indígenas cuyas comunidades son unidades colectivas, células de los pueblos quechua, aymara y amazónicos…

La comunidad como unidad colectiva tanto en la vida económica como social y política, que no es un individuo ni una suma de individuos sino una institución de dirección por participación plena y por consenso en cada una de sus decisiones, es un patrimonio propio, exclusivamente indígena, entendido, vivido y sentido dentro de las comunidades… El liderazgo individual es la condición indispensable del sistema político llamado democrático: un voto un ciudadano. Nada más.

Comunidades andinas, costeñas y amazónicas; mandar obedeciendo. Democracia de abajo, sin discursos académicos ni políticos, sin buscarla ni pretenderla. Ignorada por la vanidosa “ciencia política”.

La comunidad toma acuerdos por consenso, encarga su cumplimiento a los líderes, quienes tienen la responsabilidad de obedecer a la comunidad. La comunidad puede quitarles la condición de líderes en cualquier momento. Este es un elemento clave de los ayllus incas que se mantuvo dentro de la institución comunidad de indígenas, creada en el siglo XVI y reconocida parcialmente en la constitución de 1920. Cuando la corona española supo que la voracidad de sus conquistadores podría poner en peligro la existencia misma de los pueblos originarios, trató de protegerlos reuniendo en una nueva institución; de un lado, la nomenclatura y parte de la realidad de los municipios de España —cabildo, alcaldes, regidores, alguaciles— y la entrega de mercedes-donaciones de tierras que se llamaron desde el siglo XVI “Tierras del Común”, de donde derivan las palabras comunidad, comunero, comunario. De otro, la tradición recreada del ayllu, a partir de la gestión de la tierra por familias dentro de una unidad colectiva, que era el ayllu inca de raíces preíncas individuales y colectivas en las tierras de pastos y la vida económica, social, política y espiritual a través de los principios de reciprocidad, complementariedad, bipartición, etc. La prueba contundente de la importancia de las comunidades andinas, costeñas y amazónicas es muy simple. Es la única institución colonial que se ha mantenido hasta ahora. La segunda fue la hacienda con siervos o con esclavos, que felizmente, ya desapareció.

Cada 1 de enero se renueva la dirección de la comunidad y los dirigentes elegidos reciben el encargo de vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. El cabildo o la asamblea comunal que elige tiene el derecho de revocar el mandato de los elegidos en cualquier momento. De la experiencia de ligarse profundamente a las comunidades indígenas en Chiapas y de haber entendido el fundamento y la finalidad del bien común en los pueblos indígenas, deriva la propuesta condensada por las comunidades chiapanecas y difundida por el subcomandante Marcos (llamado hoy Galeano) de “mandar obedeciendo”, como un principio político alternativo al de representación del pueblo, propuesto por el ideal republicano de La ilustración europea y las revoluciones norteamericana y francesa.

Mandar obedeciendo es un modo de realización de la reciprocidad indígena en la esfera de la organización y gestión política. No por gusto en los ayllus-comunidades de Puquio, Lucanas, Ayacucho, en febrero, los alcaldes varas, las vísperas de los puqllay (juegos-carnavales) ofrecían una fiesta de gratitud a sus ayllus por haberles dado el honor de ser sus autoridades por un año, sin reelección inmediata posible. En la rebelión de diciembre y enero (2022-2023), los grandes actores han sido las comunidades quechuas y aymaras. Este hecho es inentendible para las fuerzas armadas y policiales, ministros de Defensa y del Interior, y cuanta autoridad existe en el aparato del estado capitalista. Saltó la liebre de modo muy tímido aún en la esfera pública cuando desde el poder, sus funcionarios repetían a voz en cuello que “los terroristas” que toman las calles son financiados por narcotraficantes, mineros ilegales, bolivianos, Evo Morales, venezolanos, y por el comunismo internacional. La respuesta contundente fue: “basta de insultarnos, terruquearnos, disminuirnos. No somos terroristas ni terrucos, somos comuneros de las comunidades quechuas y aymaras. Nos movemos por nuestros acuerdos comunales y nos desplazamos con nuestros propios recursos; cada familia pone lo que necesita para salir por uno o más días, y la comunidad le ofrece el apoyo para completar lo que se necesita para pasajes y estadía”. Debiera saberlo la presidenta Boluarte, si tuvo en su vida un contacto directo con las comunidades de su provincia de Aymaraes en Apurímac, pero parece que pesó más en ella la línea defendida por las fuerzas armadas y policiales, que ignoran desde siempre el papel y peso de las comunidades andinas, y creen con devoción en la versión clásica y antigua sobre infiltrados del exterior, comunistas terroristas, “terrucos” e indeseables como Evo Morales, expresidente de Bolivia y “sus 8 agentes en Perú”.

Ante la magnitud de la protesta en 4 semanas continuas en buena parte del país, las y los periodistas y analistas defensores de las tesis oficiales y oficiosas del orden establecido se preguntan: quiénes dirigen, con qué recursos se organizan las marchas. Buscan solo individuos responsables, porque no se les ocurre que, detrás de esos “vándalos”, haya colectivos de dirección dispersos con coordinaciones locales eficaces gracias a la magia de Whatsapp. Un líder, un partido, una “nueva fracción roja” tienen que estar detrás. Nada de lo que ocurre puede ser espontáneo, tampoco imaginan que muchas veces hay siempre una primera vez. Cuando las marchas se multiplicaban, desde los ministerios de Defensa y del Interior salió a flotar una tabla de salvación: detrás de todo lo que ocurre “está Sendero Luminoso, con la máscara del Movadef”. Los sabios de esos ministerios saben muy bien que Sendero Luminoso es parte del pasado, cuyo fin comenzó con la captura de Abimael Guzmán en 1992, su división entre las fracciones de proseguir (la lucha) y la de renunciar a la lucha para lograr la libertad de su líder. De esta corriente nació el Movadef con la intención de convertir a Sendero en un partido para participar en las elecciones. Un grupo de “Proseguir” partió al VRAEM. El Movadef fue reprimido y casi desapareció. En 30 años, la gente cambia, envejece, pierde ilusiones y fuerza, renuncia, abandona y lo último que pierde es la esperanza. No hay por qué no creer que queden viejos y medios militantes o cuadros que tratan de hacer algo. De ese pequeño fondo renace la esperanza de los pensadores de la represión oficial de ver a Sendero otra vez, con vida, como un probado argumento para asustar más, más aún si saben que el miedo es un recurso precioso para defender la democracia.

Las fuerzas militares policiales, la presidenta y sus ministros, y los periodistas y analistas de la verdad oficial, esperaban que con la invasión brutal al campus de la Universidad de San Marcos en Lima (irónicamente “respetando la constitución, la ley y los derechos humanos”) encontrarían a los senderistas, sus armas, panfletos, bombas molotov y planes de insurrección. Un tanque destrozó una puerta, cuando la puerta contigua estaba abierta, detuvieron a 193 personas, manifestantes venidas de comunidades andinas, estudiantes, personas solidarias con alimentos, y agua en el verano con 27 o 28 grados de temperatura. Muchas estudiantes residentes en la vivienda universitaria fueron sacadas de sus habitaciones a empujones, gritos, carajos y golpes. A los detenidos, mujeres y hombres, los tiraron al suelo o los pusieron de rodillas, les ataron las manos a la espalda, los insultaron y humillaron. Hay muchos videos y audios que prueban lo que describo. Veinticuatro horas de miedo y terror, producido por los valientes policías haciendo muy bien su trabajo. 24 horas después, ante la presencia de abogados voluntarios, los policías liberaron a 192 de los 193 detenidos, sin cargo alguno. Uno fue retenido por tener “una requisitoria”, pero no dijeron por qué. Si hubiese sido por terrorismo o algo así, habrían celebrado ese minúsculo éxito. ¡Fue grande la desilusión! ¡No hubo ni un simple parto de los montes, ni un ratón en lugar del ansiado tigre! San Marcos quedó limpia de polvo y paja. Los pensadores y ejecutores de las políticas represivas callaron, como siempre.

3. Ninguna comunidad dijo que venía a una “Toma de Lima”.

4. Hubo una evidente preocupación por la caída de Pedro Castillo, pero cuando fue posible conocer datos serios sobre la corrupción dentro del Palacio, esa preocupación fue disipándose, hasta el punto de pensar que “ya fue”, en el sentido preciso del castellano popular de hoy: “ya sería parte del pasado”.

5. En el camino, entre marchas y marchas fueron surgiendo nuevos propósitos: La caída de “Dina asesina”, “ni un muerto más”, “que se vayan todos”, “nuevas elecciones” y una nueva Constituyente o una consulta sobre la necesidad de una nueva Constituyente

6. No fracasó la llamada “Toma de Lima porque no vinieron para eso. La toma de Lima provendría de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales.

7. No esperaban que fueran recibidos en Lima como enemigos de la patria. Volvieron a sus comunidades con las memorias nuevas que alimentan viejos rencores contra la capital del reino, considerada como sinónimo de Perú.

De febrero al 14 de julio 2023.

Los analistas políticos de derecha y de izquierda no vieron, no quisieron ver el elefante andino en las calles de Lima. ¿No era acaso una gran novedad ver en las marchas a las mujeres vestidas de polleras y sombreros, combativas exigiendo justicia para los que asesinaron a sus hijos, hermanos o esposos, y para quienes les ordenaron que los maten? Confundieron a los elefantes con hormigas. En esas marchas no vimos las caras de quienes quieren llegar al Congreso como representantes de la patria… No quisieron ver una rebelión política de las comunidades aymaras y quechuas como sujeto y actor político principal, sino una movilización política de los comunistas, terrucos, una lucha subversiva para “tomar Lima” y atentar contra la “sociedad democrática peruana”; la señora presidenta, su primer ministro y sus ministros de Defensa y del Interior hicieron y siguen haciendo grandes esfuerzos para borrar todo elemento colectivo y reducir a todos las peruanas y peruanos a la simple condición de ciudadanos iguales para que cada una o uno represente un voto y que los ayllus-comunidades-unidades colectivas no tengan derecho a existir.

En los predios de lo que se llama izquierda hubo el convencimiento de que se trató de un “gran movimiento popular” sin unidad y cohesión por falta de un liderazgo claro. Los pocos investigadores e intelectuales de los diversos grupos de esa izquierda siguen siendo prisioneras y prisioneros de una visión que sobrevalora lo individual y no conoce a fondo la realidad de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas, tampoco lo esencial del mensaje zapatista “mandar obedeciendo” de los chiapanecos mexicanos en rebeldía desde 1994 hasta hoy. Con el razonamiento que considera indispensable la categoría “movimiento popular” no es posible entender lo ocurrido en las fortísimas marchas de protesta en diciembre, enero y febrero de 2023. Tampoco es posible pensar en otra opción política desde abajo, independiente y opuesta a la consigna nunca admitida pero sí seguida: “salvo una curul, el resto es ilusión”. No tiene sentido seguir creyendo en eso del movimiento popular desde 1980 en adelante; en estos 43 años ha servido para muy poco porque no permite ver que las comunidades andinas, amazónicas y aymaras son unidades sociales con una dirección colectiva propia, que son sujeto político y no una suma de votos individuales para la cosecha de tal partido, movimiento regional o local en las elecciones próximas.

Asustar para que nadie pare el 19 de julio no es una novedad; es una vieja carta del juego político en tiempos de elecciones y en tiempos de confrontación fuera de las elecciones. Con su conducta de mafia-banda congresista de todos los colores, profundamente unida para no ser enjuiciada, juzgada y condenada por sus delitos, todas las bancadas están de acuerdo en quedarse hasta 2026. Ocurre lo mismo con la señora Boluarte, presidenta obligada a aceptar lo que sus aliados en las fuerzas armadas y políticas quieren, también con el propósito común de durar hasta 2026. Unirse para no caer por el vendaval “que se vayan todos”, Dina incluida, es su último recurso, cueste lo que cueste.

Haber llegado a este punto de confrontación es prueba que el pedido de justicia para los hermanos asesinados, el “¡Ni un muerto más!” que se oyó en las voces potentes de las mujeres andinas en las calles de Lima, fue muy fuerte. La bandera peruana de luto tuvo y tiene un potencial simbólico muy grande. Fracasó la alucinada “toma de Lima”, pero triunfó la voz andina de protesta anunciando otro horizonte.

¡Ni un muerto más!, como razón para que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se sume a la marcha del 19 de julio, tiene una gran importancia. Es una advertencia para que soldados y policías no vuelvan a matar y asesinar impunemente.

Una derrota de la posición oficial no será una entrega del país a las manos de terroristas y de senderistas “resucitados” por respiradores de los servicios de inteligencia. Solo sería una victoria para que el camino de la democracia, si aún es posible, surja de las reservas de democracia directa que anidan en las comunidades andinas, amazónicas y costeñas. No olvidar que no se trata de una batalla entre soldados de un lado y del otro. Solo será una confrontación más con soldados y policías de un lado y gentes del común, los de abajo pidiendo justicia y libertad, en el otro. Con los de abajo estoy y me siento. Por eso, expreso mi solidaridad con esta nueva protesta, con las banderas de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas, en mi corazón y mi esperanza, aun si los soldados y policías no permitan que sus representantes lleguen a Lima, o si lo consiguen, tratarlos como a ciudadanos de quinta categoría por eso de los peruanísimos racismos. Los oiremos, seguramente, en las marchas que se anuncian en todas las ciudades grandes, medianas, y en las propias comunidades.